El secretario general de Consumo y Juego, Rafael Escudero, ha trasladado hoy el parecer favorable del Gobierno de España con la propuesta de la Comisión Europea sobre un nuevo Reglamento relativo a la Seguridad General de los Productos (GPSR), que sustituya a la actual Directiva. Escudero ha expresado que el anuncio de la Comisión Europea (CE) genera “grandes expectativas” porque “facilitará una aplicación más homogénea de los requisitos de seguridad de los productos a escala de la UE”.
Escudero, que ha participado en la reunión del Consejo Informal de Consumo de la EU celebrado hoy en Eslovenia, ha mostrado su satisfacción por el efecto beneficioso para la seguridad de todos los consumidores y, en especial, de aquellos más vulnerables. A la vez, el nuevo texto pretende facilitar la competencia justa y la libre circulación de productos no armonizados, a la vez que permitirá una cooperación más estrecha entre los Estados miembros, según Escudero.
Por último, el secretario general ha destacado que la norma proporcionará nuevas y mejores herramientas para la vigilancia del mercado y una actualización necesaria frente a los nuevos retos surgidos en los últimos años. En esta cumbre, el Ministerio de Consumo ha remarcado su interés en que la propuesta de la CE cuente con el establecimiento de responsabilidades específicas para las plataformas de venta online. Del mismo modo, Consumo ha pedido a sus socios que exista coherencia con otras políticas de la UE que puedan tener relación con la seguridad de los productos y, en particular, con el Reglamento relativo a la vigilancia del mercado y la conformidad de los productos.
Créditos al consumo
En cuanto a créditos al consumo, España también ha trasladado su apoyo a la propuesta de revisión de la Directiva de créditos al consumo, tras la crisis sanitaria, donde muchos consumidores se han visto obligados a acceder al mercado del crédito o a solicitar moratorias de reembolso. Consumo también ha planteado revisar la información precontractual que deben proporcionar los prestamistas, intermediarios de créditos y proveedores de servicios de crédito de financiación participativa. La información, según ha explicado Escudero, debería ser lo más específica posible, abarcando cualquier coste relacionado con el crédito, como los seguros de protección de pagos que los consumidores a menudo se ven obligados a suscribir, siendo sorprendidos con frecuencia en el momento de la firma
Para ello, desde España se ha planteado un mayor grado de detalle, claridad, accesibilidad y transparencia para evitar que un exceso de información pueda producir el efecto contrario, y la posible integración en la Directiva de límites máximos de interés de los préstamos.
