El Consejo de Ministro ha aprobado hoy una modificación de la actual normativa de consumo con la que da un paso más en la estrategia de economía circular. El Gobierno amplía los plazos de garantías legales de bienes de dos a tres años e incrementa, de cinco a 10, el tiempo mínimo en el que los fabricantes están obligados a disponer de piezas de repuesto, una vez que el producto deja de fabricarse, garantizando así el derecho a reparar de los consumidores.
A través de un Real Decreto-ley ómnibus en el que ha participado el Ministerio de Consumo, el Gobierno también incluye en la normativa nacional nuevos derechos y garantías para los consumidores o usuarios, ante el auge del comercio online. España es uno de los países donde las compras electrónicas han crecido más durante la crisis sanitaria. Por ello, el Gobierno opta por una regulación urgente de las nuevas formas de contratación y las incluye en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU).
Las principales novedades de la reforma, que supone la incorporación a la normativa nacional de las Directivas (UE) 2019/770 y 2019/771, son las referidas a los plazos de garantías legales, a la regulación de la falta de conformidad en el comercio online y a la ampliación del ámbito de aplicación del TRLGDCU. La norma recoge, por primera vez, la contratación de contenidos y servicios digitales que no cuestan dinero al consumidor sino que se obtienen a cambio de sus datos personales.
Ampliación de los plazos de garantía
Dentro de los fines de consumo responsable y sostenible que impregna la nueva normativa, el Ministerio de Consumo apuesta por una mayor durabilidad de los bienes con el objetivo de lograr patrones de consumo más sostenibles. Para ello, la reforma aprobada hoy incorpora la durabilidad de un producto como un criterio objetivo para que el consumidor evalúe si está conforme con la compra.
Cuando un bien no tenga la durabilidad que la empresa y el consumidor hayan pactado a través del contrato de compra, el cliente podrá elegir entre la reparación o la sustitución del mismo. En este sentido, se amplía el plazo de garantía legal de los bienes hasta los tres años y de dos años para los contenidos o servicios digitales.
Por último, y también en favor de este derecho a reparar, se aumenta en cinco años el plazo mínimo durante el cual el fabricante está obligado a garantizar la existencia de piezas de repuesto una vez que el producto deja de fabricarse, pasando de cinco a 10 años. Con ello, el Ministerio de Consumo busca incrementar la durabilidad de los bienes en la lucha contra la obsolescencia y reducir el impacto en el medio ambiente.
Contratos de suministro de contenido o servicios digitales
La reforma de la Ley de Consumidores incluye a los contratos de suministro de contenido o servicios digitales. También quedarán recogidos los contratos en los que el usuario no paga un precio pero sí facilita sus datos personales a cambio de un servicio.
A modo de ejemplo, serán considerados suministros de contenidos los programas informáticos, aplicaciones, archivos de vídeo, archivos de audio, archivos de música, juegos digitales, libros electrónicos u otras publicaciones electrónicas.
Los servicios digitales serán todos los que permitan la creación, el tratamiento, el acceso o el almacenamiento de datos en formato digital. Esto incluye los software intercambio de vídeos y audio y otro tipo de alojamiento de archivos, el tratamiento de textos o los juegos que se ofrezcan en el entorno online, las redes sociales, el correo electrónico en línea y los servicios de mensajería instantánea.
De esta regulación quedan excluidos los programas libres y de código abierto, en el que el código fuente se comparte abiertamente y los usuarios pueden acceder libremente al programa (software).
La reforma establece normas simples y claras sobre las modalidades y el momento de cumplir con la obligación de suministro de los contenidos o servicios digitales por parte del empresario. Se considerará que los contenidos o servicios digitales están disponibles o accesibles cuando hayan llegado al entorno del consumidor y usuario y no sea necesario ningún otro acto del empresario para que pueda utilizarlos conforme al contrato.
Dado que los contenidos o servicios digitales se suministran en formato digital, el suministro no deberá requerir, en la mayor parte de las situaciones, ningún plazo adicional. Por tanto, en la mayoría de los casos, la obligación del empresario de suministrar los contenidos o servicios digitales sin demora indebida implicará tener que suministrarlos inmediatamente.
Falta de conformidad y garantías comerciales
La nueva normativa amplía de tres a cinco años el plazo de prescripción para ejercer los derechos que el consumidor tiene cuando no esté conforme. Además, incrementa el plazo de inversión de la carga de la prueba para acreditar la falta de conformidad, pasando de seis meses a uno o dos años, en función del objeto contractual.
Esto quiere decir que, durante este período, el consumidor o usuario solo tendrá que demostrar que el bien, el contenido o el servicio digital no es conforme a lo acordado, sin necesidad demostrar su falta de conformidad en el momento de la entrega, como hasta ahora. Para oponerse a la reclamación del consumidor o usuario, el empresario tendrá que demostrar que la falta de conformidad no existía en ese momento.
Las actualizaciones, mejoras o modificaciones estipuladas en el contrato que puedan darse en los contenidos y servicios digitales, fruto de su rápida evolución, pueden formar parte del compromiso contractual o pueden ser requeridas para cumplir los requisitos objetivos de conformidad de los contenidos o servicios digitales. Sin embargo, otras modificaciones que se aparten de los requisitos objetivos de conformidad y que puedan preverse en el momento de la celebración del contrato, tendrán que ser expresamente aceptadas por el usuario en el momento de la compra.
Por último, para evitar que los consumidores sean inducidos a error, las garantías comerciales que se incluyan en la publicidad asociada prevalecerán a las de la declaración de garantía legal si son más beneficiosas para el consumidor.