El VII Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), que se ha constituido hoy, está compuesto por las nueve organizaciones más representativas a escala nacional. Todas comparten una mirada en la que la complejidad del mercado y la propia evolución del derecho de consumo hacen necesaria su participación en un órgano de representación y consulta. Es por ello que el principal objetivo de la CCU es la protección y defensa de las personas consumidoras y, para ello, persigue incidir en la toma de decisiones que adoptan los poderes públicos en relación con la política de consumo.
Las organizaciones de las personas consumidoras que forman parte de este nuevo Consejo de Consumidores son:
- Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE)
- Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN)
- Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC)
- Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU)
- Consumidores en Acción (FACUA)
- Federación de Usuarios - Consumidores Independientes (FUCI)
- Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (HISPACOOP)
- Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)
- Federación Unión Nacional de Consumidores y Amas de Hogar de España (UNAE)
El consejo desarrolla una amplia actividad a favor de las personas consumidoras. Por una parte, elabora informes, estudios y dictámenes sobre aquellas materias que afecten a la vida diaria de consumidores y usuarios y, por otra, participa en foros, tanto nacionales como de la Unión Europea, en representación de estos.
Entre sus principales funciones cabe destacar que informa con carácter preceptivo en los casos previstos en el artículo 39.2 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Además, realiza el seguimiento de las alegaciones e informes emitidos en trámite de audiencia por el Consejo de Consumidores y Usuarios con el fin de evaluar su repercusión y efectividad. En este campo colabora, también, en cuantas iniciativas públicas se adopten en materia de protección de los consumidores y usuarios, prestando su apoyo y asesoramiento, así como emitir cuantos informes le sean solicitados por la Dirección General de Consumo o cualquier otro órgano o entidad de la Administración General del Estado, en materia de su competencia.
Por otro lado, es labor de este órgano la proposición, y en su caso, la designación de los representantes de las asociaciones y cooperativas de consumidores y usuarios en órganos colegiados, organismos o entidades, públicas o privadas, de ámbito estatal o supranacional, en los que deban estar representadas. Con ello busca favorecer el diálogo social, en especial, potenciando la colaboración con las organizaciones empresariales y sindicales.